Memoria, Verdad y Justicia por Napalpí

A 98 años de la Masacre de Napalpí, en un juicio oral por la verdad realizado en el pasado mes de mayo, la Justicia Federal de Chaco consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un genocidio a los pueblos originarios. La sentencia -un hito histórico en las luchas de los pueblos indígenas por memoria, verdad y justicia-, reconoció la responsabilidad del Estado y ordenó medidas de reparación para las comunidades Qom y Moqoit.

En una actividad enmarcada en el Programa de Apoyo a Juicios de lesa humanidad de la UNLP las dos comisiones de 6° año de la Orientación en Ciencias Sociales, estudiantes de 6° B y 5° C, junto a las profesoras Laura Guiamet, Laura Ucar, Gabriela Arreseygor, Jorgelina Trofino, Inés Aprea, Celina Lanza y Emilia Horna, el profesor Julián Carrera y los preceptores Yole Barrionuevo, Andrés Cappaninni y Patricio Arias; conversaron con Guadalupe Godoy, abogada querellante en juicios de lesa humanidad y Directora de Programas de Memoria y Reparación Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la UNLP; y con Marcelo Musante, sociólogo, investigador y docente de la UBA, integrante de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena, testigo de contexto en el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí a partir de sus investigaciones sobre el sistema de reducciones en la región del Chaco, incorporadas como parte de la prueba.

Guadalupe Godoy dialogó con las y los presentes acerca del significado de los crímenes de lesa humanidad, su imprescriptibilidad y el sentido reparatorio de su juzgamiento. Realizó un recorrido por la historia y las luchas del movimiento de derechos humanos por verdad y justicia frente a los crímenes de la última dictadura, reflexionando sobre los alcances y el sentido político de la categoría de genocidio. Destacó las estrategias desplegadas en el contexto de vigencia de las leyes de impunidad, como los “escraches” a genocidas impulsados por la agrupación H.I.J.O.S. y los juicios por la verdad. Estos juicios, amparados en el principio del derecho a la verdad -ante la imposibilidad de juzgar a los represores-, constituyen un antecedente jurídico del juicio oral y público por la Masacre de Napalpí. Godoy destacó, además, la importancia de la escena judicial como ámbito de disputa de sentidos acerca del pasado, en tanto contribuye a legitimar y/o desacreditar miradas sobre los hechos que circulan en la sociedad. Por último, la abogada hizo mención a que los organismos de derechos humanos de La Plata fueron pioneros en instalar la figura del testigo de contexto promoviendo la declaración de investigadoras de la UNLP en los juicios a genocidas realizados por el TOF N°1 de la Plata.

Por su parte, Marcelo Musante realizó una exposición con fotografías y documentos, que fueron incorporados como prueba al juicio, para explicar en qué consistió el sistema de reducciones estatales para indígenas que funcionó en la región del Chaco argentino entre 1911 y 1956. En estos espacios concentracionarios llegaron a estar reducidas más de 5.000 personas. Musante explicó que este sistema fue implementado por el Estado nacional a través de la “Comisión Honoraria de Reducciones de Indios” con el objetivo de sedentarizar, disciplinar y controlar a la población originaria vencida en las campañas militares de la región chaqueña.

Musante dejó planteado el interrogante acerca de cómo pudieron funcionar estas reducciones durante más de cuarenta años a pesar de la existencia de documentos oficiales y diversas denuncias de medios de comunicación que alertaban sobre las condiciones de vida en esos lugares. Mencionó una masacre posterior, también silenciada: la de Rincón Bomba en Formosa, en 1947, reconocida como crimen de lesa humanidad por la Cámara Federal de Resistencia en 2015 y cuyos sobrevivientes esperan aún el juicio oral y público. Estos asesinatos masivos de personas marcan la memoria social de las comunidades que sólo después de muchos años pudieron comenzar a contar públicamente lo sucedido.

Entre las medidas de reparación histórica dispuestas en la sentencia, firmada por la Jueza Zunilda Nirempreger del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, se ordenó al Ministerio de Educación incorporar en los diseños curriculares de todo el país, en los niveles Primario, Secundario, Terciario y Universitario, el estudio de estos hechos.

Dos de las estudiantes que participaron de la actividad compartieron sus reflexiones. Para Sol Ocampo, de 6° B “la charla fue muy interesante. Esta masacre, si bien fue algo lejano y del pasado, muestra que si esto sucedió deja muchas consecuencias en el presente. Al ser descendiente de pueblos originarios, yo entiendo que hay muchas cuestiones parciales, muchos tipos de discriminación y violencias que se ven hacia quienes descendemos de pueblos originarios, el hecho de ser marrón y de tener ciertos rasgos a mi me atraviesa con ciertas vivencias que te hacen sentir diferentes a las/os demás. Por eso, me parece interesante poder abordar estas cuestiones y su relación con el racismo actual y poder reflexionar sobre ciertos comentarios, chistes y actitudes.”

En tanto que María Eugenia Refi, de 6° C, planteó que es interesante “hablar sobre estos temas en un lugar como el colegio, en particular, porque nadie conocía sobre esta masacre. Es importante que haya espacios así, que se hable sobre estos temas invisibilizados, y que se tome conciencia y se comience a criticar lo que sucedió en el pasado. Es importante que este tipo de charlas se hagan para todas/os las/os estudiantes del colegio”.