A 39 años del último golpe militar y a 30 años del “Juicio a las Juntas”, la Dirección General de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata junto a docentes, graduados y estudiantes de facultades y colegios de la UNLP y de los tres gremios que los nuclean propusieron un conjunto de actividades de promoción y reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia en torno de la historia reciente, e inauguraron el “Mes de la Memoria”.
En ese marco se dieron a conocer dos resoluciones firmadas por Raúl Perdomo, presidente de la UNLP ligadas a la memoria del pasado reciente: la primera dispone preservar y digitalizar documentación existente en facultades y otras dependencias de la UNLP correspondiente al periodo 1955-1986 en el Archivo Histórico UNLP, creado en 2013 “para reunir, organizar, conservar y difundir” documentación “histórica y/o testimonial producida o recibida” en facultades, colegios y otras dependencias de la UNLP. En su articulado, la resolución ordena a las distintas dependencias de la UNLP trabajar sobre su propia documentación de dicho periodo y enviar un informe al archivo histórico de la UNLP referido al volumen de la documentación, su estado y los tipos documentales que pueden identificarse. A la vez, la norma crea una Comisión que deberá trabajar en criterios para seleccionar, valorar, clasificar y resolver las políticas de acceso -para particulares, investigadores e instituciones del Estado- a este fondo documental global. En sus fundamentos, la resolución plantea que toda esta documentación es considerada “central para la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país”.
La segunda resolución de la presidencia de la UNLP dictada durante el “Mes de la Memoria” establece asentar la condición de “detenido-desaparecido” o “asesinado” en los legajos de docentes, no docentes, graduados y estudiantes de la UNLP que corresponda, y dejar constancia de los reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de estas víctimas del Terrorismo de Estado.
Para llevar adelante lo dispuesto por esta segunda resolución, se creará una comisión integrada por representantes de la Dirección General de Derechos Humanos, del Archivo Histórico, de la Federación Universitaria de La Plata (Fulp), de la Asociación de Docentes de la UNLP (Adulp) y de la Asociación de Trabajadores de la UNLP (Atulp). Además, se prevé que después de la reparación documental de estos legajos se realice la entrega de una copia de ellos a familiares de las víctimas.
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